Jueza: “Atrás de mi casa, sin saberlo, vivía uno de los capos más buscados”

Cuando la jueza (nombre omitido por seguridad) cierra la puerta de su casa cada noche no deja de mirar hacia los lados.

Vive en una colonia céntrica de San Pedro Sula, en un sector que parece tranquilo, pero en el que fiarse puede ser un grave riesgo.

Con más de dos décadas al servicio del sistema judicial recibió al equipo de LA PRENSA Premium en su oficina, rodeada de expedientes y sentencias firmadas con el peso de la responsabilidad.

LA PRENSA publicó un reportaje de investigación que evidencia que al menos 82 jueces de SPS viven en barrios y colonias donde operan la MS y 18. De ellos, el 25% reside en zona de alto riesgo dominadas por grupos con alto dominio territorial.

Su hogar, una casa modesta, está a escasos metros de donde operan miembros activos de la Mara Salvatrucha en un sector de San Pedro Sula.

“Atrás de mi casa (se omite la colonia exacta por seguridad) vivía uno de los capos más buscados en el país. No lo sabía, pero me enteré tiempo después que era un prófugo de la justicia con orden de captura. Lo descubrí cuando escapó y en el chat de la colonia lo comenzaron a mencionar. Me quedé asombrada, vivía con su familia en una casa de renta”, relató.

Esto ocurrió durante varios meses de 2016. Uno de los vecinos de la jueza, que más tarde sabría quién era, recibía visitas frecuentes de hombres sospechosos.

Este capo se movilizaba en un vehículo pickup y contaba con una cuatrimoto. Cada fin de semana, desde el viernes por la noche, organizaba fiestas en la casa que rentaba.

La música de banda sonaba a todo volumen hasta altas horas, como si el barrio les perteneciera. Se trataba de uno de los hombres más peligrosos en el mundo de las drogas y se le vincula con múltiples delitos, incluyendo asesinato, extorsión, narcotráfico y lavado de activos.

La jueza, que ha conocido casos penales como narcotráfico, secuestros, libertad condicional y otros delitos cometidos por pandilleros, recordó lo complejo que es impartir justicia en este país.

“Es complicado, una vez tuve una audiencia por una nulidad promovida por la hermana de una abogada fallecida. Alegaban que la sentencia no había quedado firme cuando se pasó el expediente, verifiqué las fechas y, al estar en firme, ordené la ejecución”.

El sentenciado estaba imputado por asociación ilícita y portación ilegal de arma y pertenecía a la pandilla 18. “Cuando éste llegó mostró un comportamiento desafiante, aunque uno trata de hablarles pasivamente, de hacer conciencia”, comentó.

Pero no siempre es posible mantener la calma en la sala. “Tuve un caso con una menor de la banda contraria , al revisar una sanción decidí no concederle la libertad porque no había demostrado buen comportamiento. La mamá, molesta, se levantó de forma agresiva y tuve que advertirle que la haría salir si no se controlaba”, continuó diciendo.

Tiempo después, la jueza tuvo un encuentro inesperado con ambas en las cercanías de los juzgados. “Venían directo hacia mí, sentí que era para interceptarme, así es esto, atendemos casos de pandilleros todos los días”, señaló.

Aunque nunca ha recibido amenazas directas, sí ha experimentado momentos inquietantes. “Una vez llegó un hombre extraño, tomándole fotos a mi carro, vestía camisa oscura, gorra y lentes, fue visto por las cámaras de seguridad del edificio, pero no pasó a más”, mencionó.

Su testimonio también dejó entrever el desbalance económico que enfrentan operadores de justicia, lo que los imposibilita muchas a veces a vivir en mejores lugares.

Un juez de Paz gana más de 21,000 lempiras, uno de Letras aproximadamente 24,000, uno de Sentencia 28,000 lempiras y un magistrado cerca de 45,000 lempiras.

“Tengo más de 20 años en el sistema y no llego ni a los 60,000 lempiras. Para adquirir mi casa tuve que pedir un préstamo bancario y solo de casa pago casi 14,000 lempiras al mes”, indicó, haciendo referencia a que su ingreso mensual es limitado.

Esa vulnerabilidad económica contrasta con la pesada carga laboral que enfrentan estos jueces.

En los casos en donde se ha otorgado protección mediante vehículos blindados, un solo automóvil ha sido compartido hasta por tres de ellos, exponiéndolos a riesgos adicionales y limitando la eficacia de las medidas de seguridad.

“Algunos de mis compañeros sí han sido amenazados y por eso lo han solicitado. No confío en todos, ni en ellos, por eso a mi casa no entra nadie, ni mi secretaria”, expresó.